Soraya el Achkar: “la Misión A Toda Vida se está trabajando desde el 2006”

(Agencia).- La secretaria general en el Consejo de Policías, rectora de la Universidad Nacional de la Seguridad, Soraya el Achkar, ofreció una entrevista especial a El Nacional, donde explicó desde cuando se está trabajando con la Misión A Toda Vida Venezuela elaborada de Hugo Chávez.

Cabe destacar que a pesar de Achkar le gusta mantenerse bajo perfil, hablo abiertamente del tema de la inseguridad en el país.

A continuación la entrevista:

- ¿Cómo resarcir el daño de estos últimos años, los 140.000 muertos producto de la violencia?

- La Gran Misión no resarce. El Estado tiene una responsabilidad con las víctimas y no nos podemos hacernos los ciegos. Por eso esta misión no tiene como propósito resarcir el caído, es decir, las víctimas no esperan dinero porque a los hijos muertos no hay cómo pagarlos, lo que piden es justicia y el Estado es responsable de eso. El propósito es crear un sistema de atención a las víctimas conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público; acompañarlos en el proceso de hacer justicia para que no haya impunidad, y en tercer lugar hay gente que quedó con alguna discapacidad. Hay que atender a esa persona con discapacidad.

- ¿Cómo reparar este atraso y tanta impunidad de los últimos años?

Esto no es un plan. Es una política. El Dibise es un plan. La diferencia es que la política de seguridad es mucho más integral, que tiene prevención. Esta es la primera política de seguridad diseñada por el Gobierno. Tratamos de municipalizar la justicia, que es una tarea de los operadores de la justicia. El propósito es aproximar la justicia a la comunidad con las casas de la justicia penal. Proponemos dos tipos de centros: uno, las casas de la justicia penal, donde se atenderán delitos de menos de 8 años de prisión y confluirán tribunales, fiscalías y defensa pública. Esto se hará en los 79 municipios priorizados para descongestionar los tribunales y las fiscalías ordinarias. Los otros centros serán las casas de justicia comunal, donde se resolverán el tema de las faltas y la violencia de género.

- ¿Por qué sólo en 79 municipios?

- Esa es la otra malinterpretación que han hecho de la misión. Abarca todo el país, pero en el caso de los delitos violentos está priorizada para la disminución del homicidio y la impunidad en estos municipios que son más críticos.

- ¿Qué pasará con los casos que ocurrieron antes de la puesta en marcha de la misión?

- Si creas las casas de la justicia, el propósito es descongestionar. Empieza el proceso de descongestionamiento porque las fiscalías y tribunales ordinarios no siguen recibiendo casos. Supongo que vendrá un proceso de descongestionamiento paulatino de las causas pendientes.

Parte de la impunidad tiene que ver con que no hay articulación entre los operadores: tú vas a un juicio y no llega el fiscal, si va el fiscal no va el defensor público, sino no va la víctima. El Presidente aprobó la creación de un sistema unificado de información penal para que todo el mundo sepa dónde está la causa, quién la tiene y en qué estado está, es decir, un sistema unificado que sea interoperativo en el que logren entrar el Ministerio Público, tribunales, el servicio penitenciario y el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

- ¿Cuáles son los lapsos de la misión?

- La misión, como es una política de Estado que es tan compleja por los procesos de coordinación, tiene medidas inmediatas que deben ser más o menos cumplidas entre este año y el año entrante. Tiene 29 líneas estratégicas y 117 proyectos de progresivo cumplimiento en un próximo período de Gobierno. También hay medidas que son de carácter estructural porque ¿cómo cambias la cultura de la violencia? No lo cambias de la noche a la mañana. El desarme y el control de armas es inmediato, igual el equipamiento policial, la formación básica de los policías, las casas de la justicia penal, los jueces de paz.

- Las resoluciones de la Comisión para el Desarme han estado orientadas a personas que portan armas legales. ¿Cuándo se abordará el tema de las armas ilegales?

- Ya está incorporado en la Gran Misión planes para el desarme. Estamos controlando las armas legales pero ahora viene un proceso de desarme de las armas ilegales. Son estrategias que no las tengo en mis manos porque las maneja la Comisión Presidencial. No se han lanzado a la calle porque los estudios no han terminado pero ellos hacen grupos focales con jóvenes que están armados, de modo que desde los grupos armados podamos entender cuál es la racionalidad juvenil para poder aplicar el plan de desarme correcto.

- ¿No están limitando la acción del Cicpc al quitarle competencias, como el tema de las ciencias forenses?

- Desde el Consejo General de Policía estuvimos seis meses haciendo estudios diagnósticos dentro del Cicpc. Las dos leyes son producto tanto de las investigaciones como de la consulta, que esta vez fue interna. Muchos de los funcionarios eran de la idea de separar la medicina forense de las áreas de investigación criminal. La idea es justamente cobrar autonomía, independencia y mayor transparencia en los estudios que se hacen de medicina legal y que no estén vinculadas con la investigación criminal porque sino entonces se pagan y se dan el vuelto. Le damos más bien fortaleza a los funcionarios policiales porque les decimos que es un órgano de investigación y que no se debe dedicar a otras cosas. El patrullaje es de la policía ostensiva. El Cicpc fue desmantelándose progresivamente y fueron dándole funciones que no le competían. Los diagnósticos arrojaban que era necesario darle la capacidad técnica, fortalecer el área de investigación penal para disminuir el nivel de impunidad.

- Continúan ocurriendo casos de exceso policial. ¿Qué plantea este modelo para que estas prácticas sean cada vez menores?

- Seguirá ocurriendo hasta que no se logre la refundación completa. No se cambia un cuerpo de policía con una ley. La refundación está planteada, comenzamos con un estudio diagnóstico, diseñamos un nuevo modelo y ahora viene un proceso de formación con el tema del uso de la fuerza. Eso dejará de ocurrir cuando los oficiales estén formados en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en derechos humanos, en tácticas policiales.

- ¿Habrá depuración también dentro del Cicpc?

-  En los estudios detectamos que hay funcionarios incursos en delitos, en problemas, y hay una recomendación directa de hacer un proceso exhaustivo de revisión de los casos.

- ¿Cuántos funcionarios hay en la PN? ¿Cuántas cohortes han salido?

- Les perdí la cuenta de cuántos hay. Lo único que te puedo decir es que se están formando 9.500 que entraron a pasantía. La pasantía termina a finales de agosto y se gradúan en septiembre. Los territorios a los que irán son Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Barcelona y se amplía en Caracas al área metropolitana, con 3.500 agentes más.

- En relación con los fiscales de Aragua y Carabobo y sus protestas, ¿A qué se debió?

- Lo de siempre. Que cada vez que hay cambios, hay resistencia a los cambios. El Presidente fue claro en la alocución.

- ¿No le parece que fue muy duro?

- Me parece que fue claro, digamos. La Constitución, a menos que quieras pasar por encima de la Constitución. Respetamos el Estado de Derecho y dice que tienen que pasar a la Policía Nacional, pero no puede pasar cualquiera. Entonces, ¿cuál es la resistencia? No quieren pasar por ninguna prueba ni proceso de formación. Para ir a PN tienen que pasar por unos requisitos que son necesarios y obligatorios. El que no quiera que renuncie.

- ¿En Caracas cómo se hizo?

- Los fiscales de Tránsito de Caracas, ninguno es de Caracas, porque el Cuerpo de Vigilancia y Tránsito Terrestres está compuesto por gente del interior del país. Nadie de Caracas quiere ser fiscal de Tránsito. Los que trabajaban aquí es gente que venía del interior del país. Ni siquiera reclaman todos los beneficios que están recibiendo en la PN. Tampoco quieren ser policías. La policía tiene cinco funciones y entre ellas atender los temas de vigilancia y control vial. Eso es para policías estadales, municipales y la PN.

- ¿En el país no se sabe cuánta gente ha muerto?

- No se sabe. Ese es el problema con las cifras porque la clasificación de homicidios debe tener experticia para clasificar. En la estadística entra todo. No tenemos clasificación seria. Lo más irresponsable es decir cifras de homicidios. Por eso es que estoy afanada en la elaboración de la data criminal porque comparto el criterio de que tiene que difundir las cifras. El que llega establece criterios diferentes de sumar y dar cifras.

- ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el venezolano se sienta seguro y pueda caminar tranquilo en la calle?

- Ponte en mi lugar y dime cuándo. Sería irresponsable decirte mañana, dentro de 2 o 10 años porque todo esto tiene que ver con el Ministerio Público, tribunales, comunidades, cuerpos de policías, Cicpc, sistema carcelario. Cuando todo eso marche bien, tendremos seguridad.